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ALIANZA

 

Por la NO VIOLENCIA de GÉNERO

 

ANTECEDENTES

 

Cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo según datos de Naciones Unidas; y al menos una de cada cinco es víctima de violencia en el hogar, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La violencia ejercida por los varones del entorno es la primera causa de invalidez permanente y de muerte, (más que los accidentes de tránsito o los conflictos armados) entre las mujeres de 16 a 44 años a nivel mundial, causando incluso más muertes que el cáncer.

En 1995 en Pekín, en el marco de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres, se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en la que se reconoce que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos, impidiendo que las mujeres ejerzan sus derechos y libertades fundamentales y es considerada como «una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que ha conducido a la dominación masculina, a la discriminación y a impedir el pleno desarrollo de la mujer».

En el año 2018 se promulgó en nuestro país la Ley N° 19.580 en el Art.Nº4 define: “La violencia basada en género es una forma de discriminación que afecta, directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres.

   Se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres.»

A través de esta norma, en Uruguay la violencia contra las mujeres no sólo se considera como una problemática privada, sino también de orden público, entendiéndose como un problema social. Se busca una Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.

En este sentido existe también en Uruguay la ley 18.561 sobre Acoso Sexual Laboral (Art 2), que lo define como: «Se entiende por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe.»

Estas dos leyes son el marco normativo sobre el cual nuestras cooperativas como empresas están obligadas a circunscribir, dado la importancia en la lucha contra la Violencia de la cual no estamos exentas.

Con motivo del “Día Internacional de lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres” que se celebra cada 25 de noviembre, el Ministerio del Interior presentó en el año 2018 (período enero-octubre) los datos estadísticos sobre violencia doméstica y de género.

En el transcurso señalado, se recibieron 32.307 denuncias de violencia doméstica (93%) y asociados. Esta cifra supone que se han realizado 106 denuncias diarias, lo que sería 1 cada 13 minutos. Del total de denuncias por violencia doméstica,  22.738 de las víctimas, han sido mujeres (76%). Los conflictos con (ex) parejas o con alguien con quien mantenían un vínculo sexual, representan el 64,2 %. Sobre los tipos ejercidos de violencia se encuentran: 52% violencia psicológica, 42% violencia física -el 59% de las víctimas presentaban lesiones-, el 3% de las denuncias fueron por violencia física y sexual, el 2% por violencia patrimonial o económica y el 1% fueron por violencia únicamente sexual.

Pero estos datos no hacen más que señalar que es un fenómeno que va en ascenso. En el 2017 se constataron 41 homicidios a personas de sexo femenino, de los cuales 29 fueron por violencia doméstica, el 79,3% fueron cometidos por parejas o ex parejas y el 20,7% por familiares. En el periodo de enero a octubre de 2018 la cifra de homicidios a personas de sexo femenino ascendió a 46, de los cuales, 27 casos (58,7%), fueron por violencia doméstica, de ellos el 70,1% cometido por parejas o ex parejas y el 30,2% por familiares.

En el año 2017 la Federación de Cooperativas de Producción de Uruguay (FCPU) realizó un diagnóstico de género en el marco del proyecto llamado “Cooperación con Equidad”. El diagnóstico refleja el número, la participación, la representatividad y las condiciones de las mujeres y hombres en sus cooperativas. Se tomó como base para el análisis, la conexión entre los principios cooperativos y género, dada la relación directa como herramientas superadoras de las desigualdades de todo tipo.

Se encontró en el territorio que la membresía en las cooperativas es de 56,7% de varones y 43,3% de mujeres, en tanto al pensar en el control democrático y las decisiones, solo el 38,8% de las mujeres respondieron la encuesta por decisión propia. Con respecto a la participación económica, los varones representan el 66,2% en tanto las mujeres acceden al 33,8% del trabajo remunerado. En relación a la autonomía e independencia, la participación de hombres y mujeres es sostenida por igual en los espacios deliberativos de las Asambleas, sin embargo, no cristaliza de igual forma en espacios de poder y decisión. En lo referente a la educación y formación cooperativa, el 32,3% de los cooperativistas desconocen la obligatoriedad de contar con un CEFIC, la cooperación entre cooperativas es un factor no visibilizado por los cooperativistas, el 43,7% no realiza ni financia formación cooperativa. En cuanto el compromiso con la comunidad no se visualizan las distintas violencias por las que transitan en las encuestadas.

Compromiso cooperativo

La Ley 19.580 (art 3) tiene por objeto promover y garantizar: “…el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género…”, en donde se ratifican los acuerdos internacionales y ofrece garantías en materia de Derechos Humanos, pero se entiende que aún no es suficiente para alcanzar este objetivo. Para ello es necesario producir un cambio cultural y social, donde exista un compromiso social de todos y todas, y de las Organizaciones Cooperativas que tienen un rol protagónico en nuestra sociedad.

En este sentido desde la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU), a través de su Comisión de Género y con el apoyo del Consejo Directivo, con un fuerte compromiso por parte de las entidades que participan, se vienen poniendo en práctica diversas acciones, comenzando por el Proyecto Cooperación con Equidad que viene llevando adelante desde el año 2017 y la firma de un Convenio Marco de Colaboración con Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina.

Entendiendo la gravedad de la situación actual, y conscientes del enorme arraigo local y despliegue territorial que posee el movimiento cooperativo en Uruguay, surge la necesidad de crear instrumentos, estrategias y herramientas, que viabilicen medios que permitan el conocimiento de este problema, la concientización y sensibilización de la comunidad, su implicación real y compromiso activo contra la violencia de género, dado que es una problemática social que nos atraviesa y afecta en todos los ámbitos de nuestra vida.

En este sentido es vital generar y aunar esfuerzos conjuntos y coordinados de todos los actores de la sociedad, para lograr la sinergia óptima y dar lugar a que el movimiento cooperativo de nuestro país esté más comprometido con esta realidad social. Para lograr ese cometido se propone la firma de una “ALIANZA COOPERATIVA POR LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO”.

Ya que es una responsabilidad compartida por todos y todas prevenir la violencia de género para conseguir su erradicación, entendemos que, desde esta concepción, el modelo cooperativo es un actor comprometido a la hora de combatir este flagelo social. Desde la Comisión de Género de la FCPU proponemos a las entidades que se sumen a la Alianza Cooperativa por la no Violencia de Género a través de la firma de un Acta Compromiso, en la que quede de manifiesto cuáles son las acciones que puede llevar adelante cada entidad, ya que cada persona, desde su lugar de trabajo o participación y en el ámbito personal, puede comprometerse activamente en la eliminación de estereotipos y prejuicios que naturalizan la violencia contra la mujer.

Con esta herramienta se busca sumar al movimiento cooperativo en la lucha contra la violencia basada en género, y al mismo tiempo afianzar y reivindicar los principios y valores cooperativos, comprometiéndose a tomar acciones concretas en las cooperativas, fomentando un modelo de convivencia basado en el respeto, igualdad y equidad entre las personas.

 

 

 

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